La constante violencia y hostigamiento que sufren integrantes de la Comunidad Indígena Qom “La Primavera” de Formosa causa preocupación en un grupo de organismo defensores de los Derechos Humanos, los que presentaron una denuncia a la Ministra de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Nilda Garré, a través de un documento donde remarca que la situación empeoró en los últimos tres meses, detalla una serie de ataques con armas de fuego y reclama la implementación de medidas de seguridad que protejan a sus miembros.
El documento fue firmado por Adolfo Pérez Esquivel (Servicio de Paz y Justicia –SERPAJ-), Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo –Línea Fundadora-), Ciego Morales (Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-), Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH- La Matanza) y Stella Maris Martínez (Defensora General de la Nación).
“La situación de violencia y hostigamiento contra la comunidad ha empeorado considerablemente en el último trimestre. A pesar de la presencia de la Gendarmería Nacional en el territorio, la comunidad sufre constantemente hostigamiento y actos graves de violencia por parte de personas que trabajan para el Gobierno de la provincia de Formosa y de criollos que se encuentran ocupando su territorio. Además, esta situación se ve agravada por el hecho de que los integrantes de Potae Napocna Navogoh encuentran serias dificultades a la hora de denunciar dichos ataques”, denuncia el texto que también fue dirigido al Ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, y al Canciller Héctor Timerman.
También detalla con precisión tres atentados con armas de fuego sucedidos el pasado miércoles 18 de enero contra distintos integrantes de la comunidad, que se suman a otros que vienen ocurriendo y que fueron denunciados oportunamente a diversos organismos nacionales e incluso a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
“Estos episodios generan una profunda preocupación porque evidencia una escalada de violencia contra los integrantes de la comunidad, donde actores particulares con poder de fuego sienten la suficiente impunidad como para ejecutar ataques de manera reiterada. Además, cobran especial trascendencia pues se producen aún bajo la orden de protección cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, el 21 de abril de 2011, le requirió al Estado argentino garantizar la vida y la integridad física de la comunidad y sus integrantes”, expresa el documento presentado el pasado martes 24 de enero.
El texto manifiesta la preocupación por el nivel que alcanzaron las agresiones, teniendo en cuenta que la mesa de diálogo iniciada el pasado 2 de mayo de 2011, “se encuentra paralizada desde la última reunión que fue llevada a cabo el 13 de septiembre último”. En este sentido, sostiene que “la comunidad y los garantes han solicitado reiteradas veces al Estado Nacional la continuación de la mesa de diálogo y han elevado diferentes propuestas para solucionar el conflicto territorial y no han obtenido respuestas”.
Ante el “grave estado de peligro e indefensión” que se encuentran la comunidad Potae Napocna Navogoh, los firmantes solicitan una urgente reunión entre el Estado Nacional y la comunidad para “concertar el fortalecimiento de las medidas de seguridad”, e información sobre las medidas adoptadas respecto a los hechos de violencia denunciados.
