El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia presentó una propuesta de Resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), para declarar como un Derecho Humano Universal al agua potable segura y al saneamiento. El organismo tiene previsto tratarla el próximo 28 de julio.
Esta iniciativa se une a la de numerosas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que, durante muchos años, han exigido que la ONU reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Un reconocimiento que garantice que todas las personas puedan acceder al agua –en cantidad y en calidad- independientemente de su capacidad económica. Y que obligue a los Estados a velar por el agua y evitar así que su gestión caiga en manos de otras entidades que, lejos de defenderla como un derecho humano, apuestan por sus propios intereses.
La propuesta impulsada por el presidente Evo Morales “declara el derecho al agua potable segura y al saneamiento como un derecho humano universal”.
El documento hace un llamado a los países desarrollados, organizaciones internacionales y a las partes interesadas “a incrementar asociaciones con países en desarrollo en áreas como finanzas, construcción de capacidades y transferencia tecnológica a aumentar las inversiones en proyectos y programas de agua y saneamiento, incluyendo a la cooperación internacional y asistencia técnica para alcanzar el universalmente y pleno disfrute del derecho al agua potable, accesible, costeable y segura y al saneamiento para el uso personal y doméstico”.
Solicita la Experta Independiente de Naciones Unidas, que en consulta con todas las agencias relevantes, fondos y programas, “presente un informe a la Asamblea General, en su sexagésimo-sexto periodo de sesiones, sobre los principales retos relacionados a la realización del derecho humano al agua y al saneamiento y su impacto en el alcance de los Objetivos del Milenio”.
La propuesta puede encontrar la oposición de países de occidente, pese a la contundencia de algunos datos que la justifica plenamente: 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable segura; 2500 millones de personas carecen de acceso al saneamiento; 1.8 millones de niños menores a los 5 años de edad mueren y 443 millones de días escolares se pierden cada año gracias a enfermedades relacionadas al agua y al saneamiento.
La principal oposición procede de las naciones occidentales, indicó Maude Barlow, activista y fundadora de Blue Planet Project, con sede en Canadá. "Ese país es el peor. Pero Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña también entorpecen el proceso", apuntó.
“Canadá frenó los pasos más básicos hacia un reconocimiento internacional del acceso al agua como derecho universal y trabajó tras bambalinas para desbaratar las iniciativas hacia la creación de un instrumento vinculante”, recordó la activista a la agencia IPS.
Los funcionarios canadienses no explican su posición, sólo arguyen que una convención de ese tipo obligaría al país a compartir su recurso con Estados Unidos.
"Cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, nadie podía prever que llegaría el día en que el acceso al agua sería un problema", señala una carta enviada por Barlow a los representantes de los 192 miembros de la ONU.
"Pero en 2010 no es exagerado decir que la dificultad de acceder al agua potable es una de las peores violaciones a los derechos humanos", indicó Barlow, quien fuera asesora del 63 presidente de la Asamblea General en el periodo 2008-2009, el nicaragüense Miguel d’Escoto.
El derecho humano al agua y saneamiento está incluido, implícita o explícitamente, en diversos tratados internacionales, en el derecho internacional humanitario (ratificado por prácticamente todos los Estados miembro de la ONU), en varias declaraciones y resoluciones políticas internacionales, así como en numerosos informes de Naciones Unidas. Por ello, aunque la resolución de la ONU no sea vinculante, será un paso fundamental para su reconocimiento efectivo.
Esta iniciativa se une a la de numerosas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que, durante muchos años, han exigido que la ONU reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Un reconocimiento que garantice que todas las personas puedan acceder al agua –en cantidad y en calidad- independientemente de su capacidad económica. Y que obligue a los Estados a velar por el agua y evitar así que su gestión caiga en manos de otras entidades que, lejos de defenderla como un derecho humano, apuestan por sus propios intereses.
La propuesta impulsada por el presidente Evo Morales “declara el derecho al agua potable segura y al saneamiento como un derecho humano universal”.
El documento hace un llamado a los países desarrollados, organizaciones internacionales y a las partes interesadas “a incrementar asociaciones con países en desarrollo en áreas como finanzas, construcción de capacidades y transferencia tecnológica a aumentar las inversiones en proyectos y programas de agua y saneamiento, incluyendo a la cooperación internacional y asistencia técnica para alcanzar el universalmente y pleno disfrute del derecho al agua potable, accesible, costeable y segura y al saneamiento para el uso personal y doméstico”.
Solicita la Experta Independiente de Naciones Unidas, que en consulta con todas las agencias relevantes, fondos y programas, “presente un informe a la Asamblea General, en su sexagésimo-sexto periodo de sesiones, sobre los principales retos relacionados a la realización del derecho humano al agua y al saneamiento y su impacto en el alcance de los Objetivos del Milenio”.
La propuesta puede encontrar la oposición de países de occidente, pese a la contundencia de algunos datos que la justifica plenamente: 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable segura; 2500 millones de personas carecen de acceso al saneamiento; 1.8 millones de niños menores a los 5 años de edad mueren y 443 millones de días escolares se pierden cada año gracias a enfermedades relacionadas al agua y al saneamiento.
La principal oposición procede de las naciones occidentales, indicó Maude Barlow, activista y fundadora de Blue Planet Project, con sede en Canadá. "Ese país es el peor. Pero Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña también entorpecen el proceso", apuntó.
“Canadá frenó los pasos más básicos hacia un reconocimiento internacional del acceso al agua como derecho universal y trabajó tras bambalinas para desbaratar las iniciativas hacia la creación de un instrumento vinculante”, recordó la activista a la agencia IPS.
Los funcionarios canadienses no explican su posición, sólo arguyen que una convención de ese tipo obligaría al país a compartir su recurso con Estados Unidos.
"Cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, nadie podía prever que llegaría el día en que el acceso al agua sería un problema", señala una carta enviada por Barlow a los representantes de los 192 miembros de la ONU.
"Pero en 2010 no es exagerado decir que la dificultad de acceder al agua potable es una de las peores violaciones a los derechos humanos", indicó Barlow, quien fuera asesora del 63 presidente de la Asamblea General en el periodo 2008-2009, el nicaragüense Miguel d’Escoto.
El derecho humano al agua y saneamiento está incluido, implícita o explícitamente, en diversos tratados internacionales, en el derecho internacional humanitario (ratificado por prácticamente todos los Estados miembro de la ONU), en varias declaraciones y resoluciones políticas internacionales, así como en numerosos informes de Naciones Unidas. Por ello, aunque la resolución de la ONU no sea vinculante, será un paso fundamental para su reconocimiento efectivo.
