Emiliano Naranjo, un joven con parálisis cerebral que finalizó la licenciatura en Educación Física y que desde hace tres años reclama que le entreguen el título docente para poder ejercer su profesión, impulsa una campaña internacional de firmas para respaldar su justo pedido y terminar con la discriminación educativa y laboral de las personas con discapacidad.
La iniciativa “Proyecto Docentes Discapacitados de Educación Física. Hacia una Educación Física realmente inclusiva en Iberoamérica”, que ya cuenta con más de 300 firmas de apoyo entre las que se destacan la de las organizaciones de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, y la de especialistas en el área de Educación como Juan Carlos Tedesco, Inés Dussel, Adriana Puiggrós y Silvina Gvirtz, entre otros, es acompañada por la revista digital EFDeportes, en cuyo portal de Internet se puede ingresar para adherir.
Naranjo cursó la Licenciatura en Educación Física en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y "desde que me gradué, con plena conciencia de lo que hacía, empecé a exigir que se me otorgue el título de profesor, titulación que me es negada por ser persona con discapacidad".
Hasta ahora, el joven inició una acción de reclamo administrativa que la Universidad le rechazó a través de su área legal y técnica, por lo que sólo le queda llevar el reclamo por la vía judicial.
"No me quiere dar el título de profesor y esto tiene que ver con que la educación física en el país, hasta donde hemos podido investigar, no permite que personas con discapacidad puedan ejercer el rol docente en esta área. Esto se apoya en un prejuicio. De alguna manera hay una corriente que para poder enseñar un ejercicio o movimiento uno tiene que poder mostrarlo y ese argumento se cae cuando vemos que hay docentes dando clases en el patio de la escuela que tienen 30 años de antigüedad y sus realidades corporales no son la misma que cuando se recibieron o comenzaron su carrera. Es un argumento bastante absurdo, y esto que digo yo fue validado por el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) que sacó un dictamen que ese tipo de posturas son discriminatorias", explicó Naranjo.
Según las últimas estadísticas oficiales en Argentina el 2,7 de la población tiene algún tipo de discapacidad. De ellas, cerca del 90 % de quienes se encuentran en edad laboral, están desempleados.
Este es un fenómeno común en América Latina, dónde los derechos de las personas con discapacidad suelen ser vulnerados.
Pese a ello, el reclamo de esta campaña es un derecho reconocido internacionalmente. En Argentina, existe una normativa que obliga al Estado y alienta a privados a emplear personas con discapacidad.
Según la normativa del país hay una serie de leyes que estipulan la inclusión laboral del colectivo de personas con discapacidad.
La ley nacional n° 22.431 en su artículo 8° manifiesta que el Estado Nacional se compromete a contratar un 4% de personas con discapacidad. Dentro del sector privado, esta norma favorece en la reducción de hasta un 70% de los impuestos por empelar a personas con discapacidad.
Además el artículo 14 de la Constitución Nacional dice que toda persona tiene derecho a enseñar y aprender y el artículo 75 garantiza la legislación y la promoción de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades.
La iniciativa “Proyecto Docentes Discapacitados de Educación Física. Hacia una Educación Física realmente inclusiva en Iberoamérica”, que ya cuenta con más de 300 firmas de apoyo entre las que se destacan la de las organizaciones de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, y la de especialistas en el área de Educación como Juan Carlos Tedesco, Inés Dussel, Adriana Puiggrós y Silvina Gvirtz, entre otros, es acompañada por la revista digital EFDeportes, en cuyo portal de Internet se puede ingresar para adherir.
Naranjo cursó la Licenciatura en Educación Física en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y "desde que me gradué, con plena conciencia de lo que hacía, empecé a exigir que se me otorgue el título de profesor, titulación que me es negada por ser persona con discapacidad".
Hasta ahora, el joven inició una acción de reclamo administrativa que la Universidad le rechazó a través de su área legal y técnica, por lo que sólo le queda llevar el reclamo por la vía judicial.
"No me quiere dar el título de profesor y esto tiene que ver con que la educación física en el país, hasta donde hemos podido investigar, no permite que personas con discapacidad puedan ejercer el rol docente en esta área. Esto se apoya en un prejuicio. De alguna manera hay una corriente que para poder enseñar un ejercicio o movimiento uno tiene que poder mostrarlo y ese argumento se cae cuando vemos que hay docentes dando clases en el patio de la escuela que tienen 30 años de antigüedad y sus realidades corporales no son la misma que cuando se recibieron o comenzaron su carrera. Es un argumento bastante absurdo, y esto que digo yo fue validado por el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) que sacó un dictamen que ese tipo de posturas son discriminatorias", explicó Naranjo.
Según las últimas estadísticas oficiales en Argentina el 2,7 de la población tiene algún tipo de discapacidad. De ellas, cerca del 90 % de quienes se encuentran en edad laboral, están desempleados.
Este es un fenómeno común en América Latina, dónde los derechos de las personas con discapacidad suelen ser vulnerados.
Pese a ello, el reclamo de esta campaña es un derecho reconocido internacionalmente. En Argentina, existe una normativa que obliga al Estado y alienta a privados a emplear personas con discapacidad.
Según la normativa del país hay una serie de leyes que estipulan la inclusión laboral del colectivo de personas con discapacidad.
La ley nacional n° 22.431 en su artículo 8° manifiesta que el Estado Nacional se compromete a contratar un 4% de personas con discapacidad. Dentro del sector privado, esta norma favorece en la reducción de hasta un 70% de los impuestos por empelar a personas con discapacidad.
Además el artículo 14 de la Constitución Nacional dice que toda persona tiene derecho a enseñar y aprender y el artículo 75 garantiza la legislación y la promoción de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades.
