Las personas recluídas en los penales cordobeses y quienes recuperen su libertad tienen garantizados la continuidad de sus estudios superiores, sin que sufran ningún tipo de discriminación, en la Universidad Nacional de Córdoba, a partir del convenio suscripto entre la UNC y el Ministerio de Justicia provincial.
El convenio firmado por la rectora de la UNC, Carolina Scotto, y el ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, amplia y profundiza los programas universitarios de formación superior en los establecimientos penitenciarios cordobeses y la implementación de actividades de extensión e investigación con los internos.
La UNC trabaja en los establecimientos penitenciarios desde 1999 en el marco de diferentes acuerdos institucionales que involucran a las facultades de Filosofía y Derecho, así como a la Secretaría de Extensión Universitaria.
El nuevo convenio abre las puertas para que participen todas las facultades de la Universidad, según un informe publicado en el portal de la UNC.
En ese marco, tanto la Universidad como el Ministerio se comprometen a adoptar las medidas necesarias para que los internos e internas del Servicio Penitenciario de Córdoba puedan iniciar o completar sus estudios superiores, así como participar de las clases y las actividades propuestas en el marco del cursado académico.
Si bien el convenio alcanza a las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios, la UNC se compromete a garantizar la continuidad de los estudios superiores para aquellos que recuperen su libertad, sin sufrir discriminación alguna.
La UNC desarrolla actividades de educación en contextos de encierro desde el año 1999, en el marco de las leyes nacionales 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (1996) y 26.206 de Educación.
La primera refiere al derecho a la educación de los internos e internas y establece la obligatoriedad de asegurar este derecho en el marco de los planes de enseñanza vigentes en el sistema de educación pública.
Por su parte, la Ley de Educación incorpora la educación de las personas privadas de la libertad como una modalidad más del sistema educativo.
En este contexto, la relación de la Universidad con el Servicio Penitenciario de Córdoba comenzó en 1999 con la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Provincia y la Facultad de Filosofía y Humanidades que dio origen al Programa Universitario en la Cárcel o PUC, que aglutina actividades de docencia, investigación y extensión en torno a las carreras que dicta esa facultad.
Desde 2001, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sostiene un acuerdo con el Servicio Penitenciario, en virtud del cual actualmente cuenta con 50 alumnos activos e implementa el programa extensionista “Promoción de los Derechos Humanos en el Correccional Nº 3 de Mujeres de Bouwer”.
La Secretaría de Extensión Universitaria, por su parte, en 2007 puso en marcha el Programa Universidad, Sociedad y Cárcel que en función de un convenio con las carteras provinciales de Educación y Justicia, inicia el “Seminario de Capacitación y formación en Derechos Humanos”.
De 2008 a la fecha participaron de este seminario 250 personas pertenecientes a los distintos sectores institucionales del Servicio Penitenciario (profesionales, técnicos, agentes de seguridad, maestros, internos e internas).
El convenio firmado por la rectora de la UNC, Carolina Scotto, y el ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, amplia y profundiza los programas universitarios de formación superior en los establecimientos penitenciarios cordobeses y la implementación de actividades de extensión e investigación con los internos.
La UNC trabaja en los establecimientos penitenciarios desde 1999 en el marco de diferentes acuerdos institucionales que involucran a las facultades de Filosofía y Derecho, así como a la Secretaría de Extensión Universitaria.
El nuevo convenio abre las puertas para que participen todas las facultades de la Universidad, según un informe publicado en el portal de la UNC.
En ese marco, tanto la Universidad como el Ministerio se comprometen a adoptar las medidas necesarias para que los internos e internas del Servicio Penitenciario de Córdoba puedan iniciar o completar sus estudios superiores, así como participar de las clases y las actividades propuestas en el marco del cursado académico.
Si bien el convenio alcanza a las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios, la UNC se compromete a garantizar la continuidad de los estudios superiores para aquellos que recuperen su libertad, sin sufrir discriminación alguna.
La UNC desarrolla actividades de educación en contextos de encierro desde el año 1999, en el marco de las leyes nacionales 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (1996) y 26.206 de Educación.
La primera refiere al derecho a la educación de los internos e internas y establece la obligatoriedad de asegurar este derecho en el marco de los planes de enseñanza vigentes en el sistema de educación pública.
Por su parte, la Ley de Educación incorpora la educación de las personas privadas de la libertad como una modalidad más del sistema educativo.
En este contexto, la relación de la Universidad con el Servicio Penitenciario de Córdoba comenzó en 1999 con la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Provincia y la Facultad de Filosofía y Humanidades que dio origen al Programa Universitario en la Cárcel o PUC, que aglutina actividades de docencia, investigación y extensión en torno a las carreras que dicta esa facultad.
Desde 2001, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sostiene un acuerdo con el Servicio Penitenciario, en virtud del cual actualmente cuenta con 50 alumnos activos e implementa el programa extensionista “Promoción de los Derechos Humanos en el Correccional Nº 3 de Mujeres de Bouwer”.
La Secretaría de Extensión Universitaria, por su parte, en 2007 puso en marcha el Programa Universidad, Sociedad y Cárcel que en función de un convenio con las carteras provinciales de Educación y Justicia, inicia el “Seminario de Capacitación y formación en Derechos Humanos”.
De 2008 a la fecha participaron de este seminario 250 personas pertenecientes a los distintos sectores institucionales del Servicio Penitenciario (profesionales, técnicos, agentes de seguridad, maestros, internos e internas).