Uno de los puntos remarca el incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables a través de detenciones sin orden judicial, el armado de causas y el reclutamiento para el delito, y destaca la investigación sobre la desaparición forzada de Luciano Arruga.
La CPM está integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Alejandro Mosquera, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Tito Cossa, Daniel Goldman, Mempo Giardinelli, Elizabeth Rivas, Martha Pelloni, Víctor De Gennaro, Emilce Moler, Fortunato Mallimaci, Susana Méndez, Luis Lima, Verónica Piccone y Carlos Sánchez Viamonte
“Como hemos señalado en nuestras posiciones públicas, el discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes, constituyen pilares de los problemas a superar. Enfrentamos un problema complejo que de ninguna manera simplificamos, somos conscientes que la policía y el servicio penitenciario son verdaderas corporaciones y como tal actúan y defienden sus poderes arbitrarios” afirma el informe en la introducción que firman todos los miembros del plenario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Previo a la presentación pública del documento realizado el pasado lunes 13, una delegación encabezada por Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón entregó una copia al Presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Pettigiani, al que le reclamó "la necesidad de impulsar la creación de una Policía Judicial dependiente del máximo Tribunal de la Provincia".
Los integrantes de la CPM sostuvieron que la Policía Judicial, "es un viejo proyecto cerrado en la década del ’60 y que fue nuevamente tratado –y aprobado- por la Constituyente del año 1994, que plantea como una de las reformas institucionales indispensables desplazar a la Policía Bonaerense de la instrucción de los expedientes penales, evitando de este modo la práctica recurrente del armado de causas".
Concretamente plantea que la policía dependa directamente de la Suprema Corte, "para desplazar a la Policía Bonaerense de la instrucción de los expedientes penales y de esta manera evitar algunos vicios del Poder Ejecutivo en la práctica recurrente del armado de causas".
Uno de los puntos más relevantes del informe difundido el pasado lunes está referido al incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables a través de detenciones sin orden judicial, el armado de causas y el reclutamiento para el delito.
“Esta orientación de las políticas públicas de seguridad, ha incrementado prácticas aberrantes como la tortura, las ejecuciones policiales, la desaparición forzada de personas y la participación policial en el delito”.
En este contexto, y entre los casos que se destacan, aparece la investigación sobre la desaparición forzada de Luciano Arruga.
“Es inadmisible que los policías sospechados de torturar y hacer desaparecer a Luciano estén nuevamente en actividad”, afirma el informe.
La creación de una Policía Judicial que tal como lo establece la Constitución de la provincia, dependa directamente de la Suprema Corte, vuelve a ser planteada por la Comisión como una de las reformas institucionales indispensables para desplazar a la policía bonaerense de la instrucción de los expedientes penales evitando de este modo la práctica recurrente del armado de causas.
El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria vuelve a apelar al relevamiento territorial para dar cuenta no sólo de la vulneración de derechos sino de la ineficacia del accionar policial en términos de prevención del delito.
“En los casos de detención por averiguación de identidad, los que más sufren la persecución policial son los de menores recursos y dentro de estos los que tienen de 14 a 25 años. El 88,4 % de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención y las que ensayan alguna justificación, utilizan términos vagos e imprecisos. En el 93,2 % de los casos no se puede establecer cuanto duró la privación de la libertad”.
Una encuesta realizada a la mitad de los jóvenes alojados en los centros cerrados de la provincia, completa el panorama: pese a que la ley lo prohíbe, el 93% estuvo detenido dentro de una comisaría, el 22% en celdas junto con mayores de edad. El 32% permaneció detenido durante más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas. El uso extendido de la prisión preventiva no sólo es alarmante en las cárceles de adultos: el 72% de las plazas de encierro existentes en la provincia se utiliza para jóvenes con prisión preventiva. El informe también señala que se denunciaron casos de tortura en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora y en el Centro Cerrado de la Matanza.
“Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida”, afirma la Comisión reafirmando los postulados del Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD).
En este marco al analizar la implementación de la ley de promoción de los derechos del niño, señala su preocupación por la situación en el conurbano bonaerense donde la mitad de los municipios no adhirieron o ratificaron el convenio con la ley de niñez. Mientras que 6 de cada 10 bonaerenses viven en el Gran Buenos Aires, solo 3 de cada 10 servicios locales se asientan en este territorio. “Es notable la desproporción entre personal técnico, profesional y administrativo disponible y la población que debe asistir”.
Respecto de la situación carcelaria, el informe afirma que no obstante la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico. El Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires que llevó adelante un exhaustivo informe sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario conforme estándares internacionales, determinó que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas. El número de personas detenidas al mes de marzo de 2011, es 26.971 en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. El número total es por tanto, de 29.404 personas detenidas. El sistema aloja, prácticamente al doble de personas que podría alojar legítimamente.
El número de muertes en las prisiones bonaerenses se incrementó: mientras en 2009 se habían registrado 117 muertes, en 2010 el número se elevó a 133.
Constituye un dato relevante detenerse en las causales de muerte: en 2010 fallecieron 94 personas por problemas de salud. Cómo se analiza en el capítulo correspondiente, muchas de estas muertes hubieran sido evitables con otras condiciones sanitarias y adecuada atención médica. La jurisdicción de La Plata con 55 casos (42% del total) reúne la mayor cantidad de muertes.
El informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria sostiene que los hechos de violencia aumentaron en las cárceles y expresa su preocupación por el escaso control judicial y por las formas de calificación que utilizan los operadores judiciales, que apelan a figuras tales como apremios y vejaciones, cuando en realidad corresponde aplicar el tipo penal tortura.
“La razón se encuentra en muchos casos en enfoques ideológicos, pero mayoritariamente se explica por las propias carencias de los operadores judiciales que no cuentan con elementos teóricos suficientes para dar respuesta a las complejidades de la delimitación del tipo tortura”.
En otro segmento de su informe anual, la Comisión Provincial por la Memoria cuestiona severamente el proyecto de ley impulsado por el senador Scarabino proponiendo la creación de un mecanismo provincial de control de lugares de detención que no respeta los postulados básicos de independencia funcional y financiera, tal como lo establece el Protocolo Facultativo rubricado por la Argentina.
Señala el informe: “más allá de intenciones que no juzgamos, en su parte operativa este proyecto se convierte en un intento por subordinar el único control realmente existente que desde hace 8 años realiza la Comisión Provincial por la Memoria a través de su Comité contra la Tortura. Aumentar la calidad institucional en nuestra provincia necesita del respeto a la autonomía de los órganos de control, condición esencial de su rol. Restringir o subordinar expresa la vieja idea de que siempre hay una razón de estado más importante, para no exponer a la luz pública lo que ocurre en los sótanos del sistema. Por ello esperamos que se revierta la situación y que del proyecto con media sanción quede lo mejor: su proclama para que la provincia se ponga a tono con los tratados internacionales y la oportunidad de un debate amplio sin restricciones, con los distintos protagonistas de la vida provincial. Y debe necesariamente, reconocer e incluir a la Comisión Provincial por la Memoria y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos de los privados de libertad”.
El Informe propone un repaso de las recomendaciones que a lo largo del 2010 realizaron diversos organismos internacionales advirtiendo sobre la grave situación existente en cárceles, comisarías e institutos de menores de la provincia de Buenos Aires.
“Las intervenciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas ayudan a establecer un mejor diagnostico, como a tomar dimensión de la preocupación de los representantes de la comunidad internacional y las recomendaciones para solucionar estos graves problemas al Estado Nacional. Internamente cooperan en legitimar los análisis y reclamos que las organizaciones de derechos humanos venimos realizando”.
La Comisión Provincial por la Memoria bonaerense es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada el 13 de julio de 2000 a través de la Ley 12.483 y su modificatoria, la Ley 12.611 del 20 de diciembre de 2000. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, el sindicalismo, el ámbito judicial y universitario, legisladores y religiosos de distintos credos.
