Talleres sobre agroquímicos, derechos de los niños en la educación escolar, código de faltas, derechos de los inmigrantes y violencia familiar son algunos de los trabajos de extensión para acercar el saber jurídico a distintos sectores de la sociedad que realizan estudiantes de la Cátedra de Práctica Profesional III de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Esta modalidad de Alfabetización Jurídica que realizan los estudiantes desde 2008, ponen en diálogo el discurso del Derecho con otros saberes y desestructuran el rol tradicional del abogado, explica un informe de Hoy la Universidad, una publicación digital de la UNC.
El trabajo de extensión dirigido por el profesor Claudio Guiñazú de la cátedra de Práctica profesional III se desarrolla con grupos en situación de vulnerabilidad abordando temas como agroquímicos, derechos de los niños en la educación escolar, código de faltas, derechos de los inmigrantes y violencia familiar, entre otros.
“Se trata de una materia que articula claramente la formación académica con la extensión. Cada equipo de estudiantes define un grupo en condición de vulnerabilidad, un tema relacionado con sus derechos y una modalidad de intervención en territorio. Luego se realiza la intervención y después se pone en común la experiencia”, explica Guiñazú.
En ese marco, por ejemplo, un grupo de estudiantes dictó un taller sobre el Código de Faltas en la Escuela Secundaria Juan Filloy de la ciudad de Córdoba. Agustín Papatanasi, uno de los miembros del grupo, cuenta: “Los chicos tenían la idea típica del abogado ‘chanta’. Nosotros nos acercamos como estudiantes, les hablamos acerca del Código de Faltas y tratamos de ir desnaturalizando algunas prácticas y sacando el estereotipo de abogado que tenían. Hablamos de la constitucionalidad o no de algunas figuras como el merodeo y les explicamos sus derechos frente a la policía”.
En el informe presentado por los estudiantes, se comenta que los hombres jóvenes de las clases más desaventajadas son “clientes fijos de los uniformados” ya que la figura de merodeo castiga con arresto a quien esté “en actitud sospechosa” y viola el derecho a circular, abriendo campo a la arbitrariedad del personal actuante.
El trabajo recoge una información reveladora: cerca de la mitad de los arrestos que efectúa la Policía de Córdoba afectan a jóvenes menores de 25 años.
“Elegimos trabajar con adolescentes porque la mayoría no conoce el Código de Faltas. Tratamos de buscar una forma de hacerlo que sea didáctica, que les interese. Los chicos nos contaron muchas situaciones injustas”, explica Daniela Pizzi, otra de las integrantes del grupo.
Papatanasi y Pizzi coinciden al decir que para ellos fue muy importante poder sentirse útiles y brindar elementos para que los chicos sepan defenderse.
Empoderamiento
Otro grupo de estudiantes decidió trabajar con los vecinos de un barrio de la ciudad de Alta Gracia denominado Portales del Sol. El barrio colinda con un campo donde se realizan fumigaciones y la gente de allí se estaba organizando para defender sus derechos.
“En este caso se ven enfrentados el derecho a ejercer libremente una industria lícita y el derecho a gozar de un medio ambiente sano, ambos protegidos por nuestra Carta Magna. Al analizar cuál de los bienes jurídicamente protegidos es más importante es indudable que el derecho a la salud de muchos debe primar por encima de los intereses económicos de algunos pocos”, expresa Flavia López, una de las estudiantes que trabajó con los vecinos.
Para poder orientar a los vecinos, los estudiantes analizaron la ley nacional, provincial y municipal sobre el tema, con su jurisprudencia y además requirieron informes técnicos a un ingeniero químico, a un médico y a organizaciones sociales que trabajan el tema.
“En la charla con los vecinos, también había gente del gobierno y hasta una mujer que había padecido cáncer. Es difícil plantarse ante gente tan diversa y tratar de ayudar. Nosotros tratamos de plantearles alternativas con todo lo que habíamos estudiado y con la mayor honestidad”, aporta Gonzalo Ábalos Gorostiaga, otro de los estudiantes del grupo.
“El abogado no sólo está para litigar, además tiene que tener contacto con la gente, investigar. En todos los temas hay un especialista, el abogado debe buscarlos”, comenta López y agrega: “en este caso la persona en situación de vulnerabilidad no es una persona pobre, pero pertenece a sectores relegados y los conocimientos legales que consideramos como básicos, carecen de difusión en gran parte de la población. Nosotros queríamos ayudarlos, hacerles conocer sus derechos, empoderarlos. Eso nos hace útiles”.
“Hay que hacer dialogar el discurso jurídico con otros saberes, con otros discursos que lo hacen más complejo y dan cuenta de la verdadera dimensión del problema”, señala Guiñazú y concluye: “Cada uno de los estudiantes ha hecho una experiencia, ha descubierto algo distinto y se ha descubierto en un rol, y no es el rol tradicional del abogado, sino una forma distinta de serlo. El Derecho no es patrimonio exclusivo de los jueces ni de los abogados y la Alfabetización apunta a devolver los derechos a la gente”.
Esta modalidad de Alfabetización Jurídica que realizan los estudiantes desde 2008, ponen en diálogo el discurso del Derecho con otros saberes y desestructuran el rol tradicional del abogado, explica un informe de Hoy la Universidad, una publicación digital de la UNC.
El trabajo de extensión dirigido por el profesor Claudio Guiñazú de la cátedra de Práctica profesional III se desarrolla con grupos en situación de vulnerabilidad abordando temas como agroquímicos, derechos de los niños en la educación escolar, código de faltas, derechos de los inmigrantes y violencia familiar, entre otros.
“Se trata de una materia que articula claramente la formación académica con la extensión. Cada equipo de estudiantes define un grupo en condición de vulnerabilidad, un tema relacionado con sus derechos y una modalidad de intervención en territorio. Luego se realiza la intervención y después se pone en común la experiencia”, explica Guiñazú.
En ese marco, por ejemplo, un grupo de estudiantes dictó un taller sobre el Código de Faltas en la Escuela Secundaria Juan Filloy de la ciudad de Córdoba. Agustín Papatanasi, uno de los miembros del grupo, cuenta: “Los chicos tenían la idea típica del abogado ‘chanta’. Nosotros nos acercamos como estudiantes, les hablamos acerca del Código de Faltas y tratamos de ir desnaturalizando algunas prácticas y sacando el estereotipo de abogado que tenían. Hablamos de la constitucionalidad o no de algunas figuras como el merodeo y les explicamos sus derechos frente a la policía”.
En el informe presentado por los estudiantes, se comenta que los hombres jóvenes de las clases más desaventajadas son “clientes fijos de los uniformados” ya que la figura de merodeo castiga con arresto a quien esté “en actitud sospechosa” y viola el derecho a circular, abriendo campo a la arbitrariedad del personal actuante.
El trabajo recoge una información reveladora: cerca de la mitad de los arrestos que efectúa la Policía de Córdoba afectan a jóvenes menores de 25 años.
“Elegimos trabajar con adolescentes porque la mayoría no conoce el Código de Faltas. Tratamos de buscar una forma de hacerlo que sea didáctica, que les interese. Los chicos nos contaron muchas situaciones injustas”, explica Daniela Pizzi, otra de las integrantes del grupo.
Papatanasi y Pizzi coinciden al decir que para ellos fue muy importante poder sentirse útiles y brindar elementos para que los chicos sepan defenderse.
Empoderamiento
Otro grupo de estudiantes decidió trabajar con los vecinos de un barrio de la ciudad de Alta Gracia denominado Portales del Sol. El barrio colinda con un campo donde se realizan fumigaciones y la gente de allí se estaba organizando para defender sus derechos.
“En este caso se ven enfrentados el derecho a ejercer libremente una industria lícita y el derecho a gozar de un medio ambiente sano, ambos protegidos por nuestra Carta Magna. Al analizar cuál de los bienes jurídicamente protegidos es más importante es indudable que el derecho a la salud de muchos debe primar por encima de los intereses económicos de algunos pocos”, expresa Flavia López, una de las estudiantes que trabajó con los vecinos.
Para poder orientar a los vecinos, los estudiantes analizaron la ley nacional, provincial y municipal sobre el tema, con su jurisprudencia y además requirieron informes técnicos a un ingeniero químico, a un médico y a organizaciones sociales que trabajan el tema.
“En la charla con los vecinos, también había gente del gobierno y hasta una mujer que había padecido cáncer. Es difícil plantarse ante gente tan diversa y tratar de ayudar. Nosotros tratamos de plantearles alternativas con todo lo que habíamos estudiado y con la mayor honestidad”, aporta Gonzalo Ábalos Gorostiaga, otro de los estudiantes del grupo.
“El abogado no sólo está para litigar, además tiene que tener contacto con la gente, investigar. En todos los temas hay un especialista, el abogado debe buscarlos”, comenta López y agrega: “en este caso la persona en situación de vulnerabilidad no es una persona pobre, pero pertenece a sectores relegados y los conocimientos legales que consideramos como básicos, carecen de difusión en gran parte de la población. Nosotros queríamos ayudarlos, hacerles conocer sus derechos, empoderarlos. Eso nos hace útiles”.
“Hay que hacer dialogar el discurso jurídico con otros saberes, con otros discursos que lo hacen más complejo y dan cuenta de la verdadera dimensión del problema”, señala Guiñazú y concluye: “Cada uno de los estudiantes ha hecho una experiencia, ha descubierto algo distinto y se ha descubierto en un rol, y no es el rol tradicional del abogado, sino una forma distinta de serlo. El Derecho no es patrimonio exclusivo de los jueces ni de los abogados y la Alfabetización apunta a devolver los derechos a la gente”.